Según estimaciones del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), cada año la Seguridad Social emite de ocho a diez millones de certificados que acreditan si una persona trabaja o está en paro, la Agencia Tributaria expide cuatro millones de certificados de estar al día en el pago de impuestos y los ayuntamientos entregan a los ciudadanos unos diez millones de certificados de empadronamiento.

A esas cifras habría que sumar los diez o quince millones de fotocopias del DNI que los españoles aportan cada año a las administraciones públicas estatales, autonómicas o municipales para demostrar que determinados datos consignados en una instancia, como el domicilio o la fecha de nacimiento, son ciertos.

El director general de Modernización Administrativa del MAP, Domingo Laborda, reconoció hoy que buena parte de ese papeleo es superfluo, porque podría solucionarse si la administración que pide los datos se los solicitara directamente a la administración que los posee, sin obligar al ciudadano a ir "de ventanilla en ventanilla".

En opinión de Domingo Laborda, tiene poco sentido "que los ministerios se pidan entre sí información a través del ciudadano o que las comunidades autónomas soliciten al ciudadano que aporte datos que están en poder de la Administración del Estado, de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social".

Este es uno de los problemas que pretende solventar la implantación de sistemas de administración electrónica y de intercambio de datos entre administraciones, un asunto que ha reunido hoy en Santander a representantes de las 17 CCAA.

"Los cálculos no pueden ser muy precisos, como pueden comprender, pero si sumáramos todos los papeles que son susceptibles de que no pasen por manos de los ciudadanos (...), aquellos que los ciudadanos tienen de alguna forma que conseguir de ventanilla en ventanilla, estaríamos hablando de unos 10 ó 20 millones de documentos al año", explicó Laborda en un receso de la reunión.

Este representante del MAP defendió que esta forma de ver las cosas responde a un concepto que "prácticamente todos los partidos políticos" incluyen en sus programas electorales, pero que es más fácil de explicar que de poner en práctica: "la orientación de los servicios públicos al ciudadano".

El motivo de esa dificultad es, en su opinión, que ese principio exige anteponer la comodidad del ciudadano a la discusión de a qué administración compete llevar a cabo los trámites, algo que "debería hacerse en la trastienda", sin "cargar sobre la espalda del ciudadano el peso de saber cómo se hacen los procesos".

Laborda explicó a los periodistas que, en general, todas las administraciones están dispuestas a colaborar para facilitar los trámites al ciudadano y ninguna suele poner trabas a enviar información de sus bases de datos a otras. Sin embargo, añadió, sí suele haber resistencias a que una administración consulte directamente el contenido de las bases de datos de otra.

Algunos de los avances conseguidos en este ámbito se presentarán en la próxima edición del salón de la informática de Madrid, el SIMO, donde el MAP entregará un certificado de firma electrónica y una dirección de correo segura a los visitantes de su expositor.